Incentivos tributarios y construcción sostenible en Colombia: una mirada crítica desde la gestión técnica
Por: David Ladino
La construcción sostenible en Colombia ha dejado de ser un discurso aspiracional para convertirse en un componente estratégico del desarrollo inmobiliario. En ese tránsito, los incentivos tributarios han jugado un papel relevante como mecanismo de señalización económica y reducción de barreras financieras. Sin embargo, su impacto efectivo depende menos de su existencia normativa y más de la forma en que son gestionados por los actores del sector. Desde una perspectiva técnica y de política pública, la experiencia demuestra que los incentivos bien diseñados pueden acelerar la adopción de prácticas sostenibles, pero los mal gestionados corren el riesgo de convertirse en beneficios subutilizados o concentrados en pocos proyectos.
El marco tributario colombiano contempla incentivos asociados principalmente a proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) y de Gestión Eficiente de la Energía (GEE). Estos beneficios incluyen la exclusión del IVA en bienes y servicios elegibles, deducciones en el impuesto sobre la renta por las inversiones realizadas, exenciones arancelarias y esquemas de depreciación acelerada. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) actúa como entidad técnica encargada de certificar la elegibilidad de los proyectos, convirtiéndose en un actor clave para el sector de la construcción sostenible.
Desde el punto de vista del desarrollador inmobiliario, estos incentivos pueden mejorar de manera sustancial la ecuación financiera de un proyecto. La reducción del costo fiscal de sistemas de generación solar, soluciones de eficiencia energética o equipamientos de alto desempeño permite justificar inversiones que, en un escenario sin incentivos, podrían ser descartadas por su mayor CAPEX inicial. En la práctica, esto se traduce en edificaciones con menores consumos energéticos, mayor resiliencia operativa y, en algunos casos, mejor posicionamiento comercial frente a usuarios y arrendatarios cada vez más sensibles a criterios ESG.
No obstante, el impacto agregado de estos incentivos sobre el sector de la construcción ha sido heterogéneo. Los proyectos de gran escala, con respaldo financiero y asesoría especializada, tienden a capturar con mayor facilidad los beneficios tributarios. En contraste, proyectos medianos o pequeños suelen enfrentar dificultades técnicas y administrativas que limitan su acceso. La preparación de expedientes, la trazabilidad documental de las inversiones y la coordinación entre diseño, compras y certificación UPME exigen una madurez organizacional que no todos los actores poseen.
Uno de los principales retos radica en la gestión temprana de los incentivos. Con frecuencia, los proyectos incorporan criterios de sostenibilidad en etapas avanzadas, cuando muchas decisiones de diseño ya están cerradas. Esto reduce el universo de bienes y servicios elegibles y dificulta la articulación con los requisitos de la UPME. En este contexto, los incentivos dejan de ser una herramienta estratégica y se convierten en un ejercicio reactivo, limitado a lo que aún puede certificarse sin afectar el cronograma.
Adicionalmente, la dinámica regulatoria introduce un componente de incertidumbre. Las resoluciones que actualizan listas de bienes, tarifas y procedimientos pueden cambiar durante el ciclo de vida de un proyecto inmobiliario, que suele extenderse varios años. Esta variabilidad exige un seguimiento permanente y una lectura técnica de la norma, ya que errores en la interpretación o en los tiempos de solicitud pueden derivar en la pérdida del beneficio tributario. Desde una óptica crítica, esta complejidad reduce la eficiencia del incentivo como política pública, al incrementar los costos transaccionales asociados.
El papel de la UPME en este ecosistema es central. Su función técnica es necesaria para garantizar que los incentivos se asignen a inversiones con impacto real en eficiencia energética o generación limpia. Sin embargo, la experiencia del sector sugiere que existen oportunidades de mejora en la estandarización de criterios, la simplificación de procesos y la ampliación del alcance hacia soluciones pasivas de construcción sostenible, como envolventes térmicas, control solar o estrategias bioclimáticas, que hoy no siempre están claramente reflejadas en los esquemas de incentivos.
Desde la perspectiva de política pública, el desafío no es únicamente mantener los incentivos, sino asegurar que estos generen transformaciones estructurales en la forma de construir. Esto implica avanzar hacia esquemas que premien resultados medibles —reducción real de consumos, disminución de emisiones— y no solo la incorporación de determinados equipos o tecnologías. También supone facilitar el acceso a los incentivos para actores diversos, evitando que se concentren en un número limitado de proyectos emblemáticos.
Los incentivos tributarios gestionados a través de la UPME representan una herramienta valiosa para impulsar la construcción sostenible en Colombia, pero su efectividad está condicionada por la calidad de su gestión técnica y administrativa. Para el sector inmobiliario, el reto consiste en integrar la estrategia fiscal desde la etapa de diseño y asumir la sostenibilidad como un eje estructural del proyecto, no como un complemento. Para el Estado, el reto es reducir fricciones, ampliar el alcance de los incentivos y asegurar que el gasto tributario se traduzca en beneficios ambientales y urbanos tangibles. Solo bajo ese equilibrio los incentivos dejarán de ser un beneficio coyuntural y se consolidarán como un verdadero motor de transformación del sector.
